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La SIP y el Fórum, ‘vigilan’ propuesta sobre ‘cibercrimen’

Organizaciones periodísticas nacionales e internacionales están vigilantes ante el proyecto de ley sobre cibercrimen impulsado por la Procuraduría de la Nación para adecuar el Código Penal a las nuevas conductas delictivas derivadas del uso de sistemas informáticos, pero podría vulnerar la libertad de prensa y de expresión.

El Fórum de Periodistas para las Libertades de Expresión e Información mostró ayer su preocupación por esta iniciativa, mediante un comunicado en el que expresó su inquietud, divulgada también a través de las redes sociales y su cuenta de Twitter.

La organización de comunicadores sociales indicó que del contenido del proyecto, ‘con aparentes buenas intenciones’, se desprenden normas que de convertirse en ley vulnerarían las libertades de prensa y expresión, no solo de los periodistas, sino también de los ciudadanos.

El Fórum explica que la redacción de los artículos 15 y 17 de esta iniciativa abre las posibilidades para utilizarse en perjuicio de la libertad de expresión, incluso a través de restricciones al uso de las redes sociales.

La propuesta en su artículo 15 establece que ‘quien sin autorización del destinatario inicie la transmisión de múltiples mensajes desde o a través de un sistema informático o electrónico con el propósito de engañar, confundir, causar daño o la destrucción de un sistema informático o electrónico será sancionado con prisión de cuatro a seis años’.

El otro artículo cuestionado es el 17, que establece que ‘quien sin autorización se apodere o utilice datos almacenados en un sistema informático o electrónico total o parcialmente será sancionado con prisión de cuatro a seis años’. El cual modifica el artículo 290-A del Código Penal.

El pronunciamiento del grupo añade que para la supuesta implementación del Convenio sobre Ciberdelincuencia (Budapest 2001), en otros países se ha discutido qué medidas pueden convertirse en mecanismos de censura, y como consecuencia afectar el ejercicio de las libertades de expresión e información.

PROPUESTA INCONSULTA

Al Fórum le llama la atención que una propuesta como esta no haya sido previamente consultada con la sociedad y que el Ministerio Público solicite tratamiento con ‘carácter de urgencia’.

‘Alertamos a la sociedad panameña para que siga con atención los trámites de este proyecto de ley’, dice la organización.

El Fórum solicita a las autoridades involucradas en la discusión de la iniciativa un amplio debate que logre un balance entre la lucha contra la delincuencia y sus nuevas modalidades tecnológicas y la salvaguarda plena de la libertad de expresión y derecho de acceso a la información.

LA SIP SE PRONUNCIA

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), por su parte, indicó que se mantendría atenta a la discusión de la reforma, ‘ante la preocupación de que los castigos puedan lesionar otros derechos inherentes a las libertades de prensa y expresión’. Así lo dijo Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, en un comunicado público.

Rock explicó que en estos casos es importante el principio adoptado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece que para proteger el ciberespacio ‘los Estados deben incluir explícitas salvaguardas en la norma para asegurar que no se tipifiquen como criminales conductas regulares o inherentes al uso del Internet’.

La SIP recordó una resolución que hizo propia junto a otras organizaciones mundiales de libertad de prensa en la Cumbre Mundial sobre Sociedad de la Información de la ONU, que establece que la mayoría de los delitos cometidos a través del Internet ya están tipificados en los Códigos Penales y las legislaciones existentes ‘por lo que a veces no es necesario agregar más tipificaciones que podrían incurrir en castigar a quienes difunden la información’.

‘Hay que oponerse rotundamente porque si esto se aprueba no solo nos afecta a nosotros sino a todo el que hace uso de las redes sociales. Este tipo de proyectos sin consultas son inaceptables”, añadió Atenógenes Rodríguez, presidente del Cómite de Ética del Consejo Nacional de Periodismo, en conversación con La Estrella de Panamá.

LAS PENAS

Rafael Candanedo, expresidente del Colegio Nacional de Periodistas (Conape), considera, a su vez, que este proyecto es contrario a las disposiciones constitucionales. ‘En su afán censor confunden la jeringa con el pitongo’, precisa. Y a la vez pide aplicar leyes existentes y no pretender crear nuevas normas que obstaculicen los derechos alcanzados por la sociedad: la libertad de expresión, bien social de carácter inalienable, un derecho fundamental y no una dádiva.

El también docente considera que este tipo de ideas debe darse a conocer mediante un debate en el que se fortalezca la libertad de expresión y el derecho a la información.

Desde la Asamblea Nacional, ya se ha intentado limitar la libertad de expresión so pretexto de controlar las redes. Desde 2014, se han presentado al menos una seis propuestas, incluida esta, para restringir la libertad de expresión en el territorio nacional.

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