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La justicia alcanza a las hermanas Alma y Lourdes Cortés

Luego que el año pasado la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició una investigación a la diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Lourdes Cortés, ahora la justicia toca a la puerta de su hermana Alma Cortés, exministra de Trabajo.

Esta vez, la Contraloría General de la República envió al Ministerio Público una auditoría hecha a la exministra Cortés, donde se determinó un supuestoenriquecimiento injustificado de 2.5 millones de dólares.

Federico Humbert, contralor general de la República, manifestó el pasado martes que se envió la auditoría de la exministra Cortés al Ministerio Público y negó que una persecusión política o que hayan hecho público los detalles del informe.

Humbert señaló que se le dio la oportunidad a Cortés de hacer sus declaraciones sobre el audito, pero no lo hizo.

La auditoría a Cortés se inició de oficio tras noticias divulgadas en los medios de comunicación, de posibles malos manejos en los fondos del Estado, según reveló el contralor.

Su hermana tiene un caso en la CSJ

Desde el 29 de abril de 2015, la CSJ admitió una investigación a Lourdes Amina Cortés, hermana de la exministra, por supuesta comisión de delitos contra la administración pública y el patrimonio económico.

Se le acusa de una lesión patrimonial estimada en 7 mil 20 dólares, por no devolver el pago de un viático cuando era asesora técnica del Ministerio de Trabajo y asistió al Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se celebró del 1 al 27 de marzo de 2011 en Ginebra, Suiza.

Lourdes Cortés se notificó de la admisión del proceso penal en su contra el 11 de marzo de este año y presentó un incidente de controversia en la CSJ, por lo que este caso se encuentra estancado.  El magistrado Luis Ramón Fábrega es el encargado de resolver el incidente.

La investigación se regirá bajo el sistema inquisitivo, debido a que  el sistema penal acusatorio aún no había entrado en vigencia para la fecha en que ocurrieron los hechos.  La magistrada Angela Russo es la fiscal del proceso penal a la diputada.

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